Mediante el presente Decreto se hace un cambio en lo concerniente a la obligación de implementar equipos fiscales autorizados o Sistemas de Facturación Electrónica de Panamá, específicamente para las operaciones y servicios en general que prestan los bancos y otras instituciones financieras, así como la inclusión de aquellas empresas constituidas en el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales, para la prestación de servicios relacionados con la manufactura.